El Presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-Alimentàries, Cirilo Arnandis, habla sobre las nuevas estrategias agrarias por parte de la Comisión Europea
Cirilo Arnandis (*)
Para entender el funcionamiento de las instituciones comunitarias, hay que tener en primer lugar una buena dosis de paciencia. Aunque un informe o propuesta suscite adhesiones, las soluciones planteadas a cualquier problema deben superar un intrincado y complicado proceso antes de ser una realidad. Eso en el mejor de los casos, que es cuando existe acuerdo entre una amplia mayoría de los socios comunitarios sobre el contenido del informe o propuesta en cuestión. Hay quien opina que es necesario trabajar en un sistema de adopción de decisiones basado en mayorías cualificadas, eliminando de esta forma la posibilidad de bloqueos oportunistas. Para otros, el sistema actual, aunque sea más lento, es ideal para buscar consensos que permitan que las decisiones adoptadas avancen de modo más sólido.
Hace ahora un año, la Comisión Europea que empezaba a andar para el mandato 2025-2029, publicó un documento que llevaba como título “Vision para el futuro de la agricultura y la alimentación europea”. Se trataba de un documento de intenciones que exponía la nueva estrategia comunitaria para el sector agrario europeo y su alimentación, remplazando implícitamente a la fallida “Estrategia de la granja a la mesa”. Con los agricultores europeos manifestándose por aquel entonces por buena parte de la geografía del Viejo Continente, la presidenta de la Comisión Europea, en su deseo de repetir en el cargo, adquirió el compromiso con el sector de elaborar este documento. Esto, sumado a la sensibilidad mostrada por el nuevo Comisario de Agricultura en relación con las problemáticas reales del campo, fueron sin duda elementos clave para la publicación de la Visión en un corto periodo de tiempo.
En esta nueva Vision se introdujeron aspectos y conceptos que los productores llevábamos tiempo demandando y se dio una fuerte señal de que la agricultura europea es, y debe ser, la columna vertebral de una Unión Europea más fuerte. El actual escenario, con un marcado ambiente prebélico, quizás haya hecho entender mejor que nuestro sector es estratégico. Esto, que puede resultar obvio, no lo era en el anterior mandato, cuando la agricultura europea sufría ataques desde distintos frentes, un día sí y otro también, incluso de los propios estamentos de la Comisión Europea, que aseguraban que la agricultura europea y sus agricultores contaminaban y que la actividad no era sostenible.
En este documento, Bruselas abordó un aspecto que hasta ahora era tabú en las instituciones comunitarias, la reciprocidad de las importaciones procedentes de países terceros, afirmando que estas deben cumplir con las normas europeas en materia fitosanitaria. De igual manera, se reconoció, una vez más, la labor de las cooperativas agroalimentarias concentrando oferta, generando valor a sus miembros y siendo un pilar crucial en las zonas rurales creando empleo y ofreciendo servicios.
“En lo referente a la reciprocidad, que no hay que dejar de reivindicar una vez y otra vez, un elemento clave es el uso de productos fitosanitarios. Mientras las producciones de países terceros que acceden al mercado comunitario tienen a su disposición un buen arsenal de soluciones, en Europa la gran mayoría de ellas están prohibidas. Esta política ha traído como consecuencia que se den momentos en los que un productor europeo no tenga con qué tratar, perdiendo su cosecha, facilitando así la llegada de productos de fuera”
En lo referente a la reciprocidad, que no hay que dejar de reivindicar una vez y otra vez, un elemento clave es el uso de productos fitosanitarios. Mientras las producciones de países terceros que acceden al mercado comunitario tienen a su disposición un buen arsenal de soluciones, en Europa la gran mayoría de ellas están prohibidas. Esta política ha traído como consecuencia que se den momentos en los que un productor europeo no tenga con qué tratar, perdiendo su cosecha, facilitando así la llegada de productos de fuera. Este escenario se ve agravado con la llegada de nuevas plagas de cuarentena, dejando así en evidencia a quienes son los responsables de que ello no ocurra. Si bien es cierto que nuevas plagas pueden llegar por distintos cauces al margen de los servicios de inspección, también es cierto es que el nivel de detecciones sigue siendo preocupante sin que Bruselas reaccione. Y como quiera que es imposible una inspección del 100% de lo que llega, a más detecciones, más riesgo de llegada de nuevas plagas.
“Bruselas está trabajando en dos líneas de actuación, tanto en el ámbito de la legislación sobre productos fitosanitarios como en la reciprocidad. Así, se ha lanzado la evaluación de impacto sobre las importaciones con residuos de plaguicidas peligrosos prohibidos. Además, se ha impulsado un estudio que contribuirá a la evaluación de impacto mencionada en la Visión, se han iniciado negociaciones sobre la propuesta de modificación del marco jurídico vigente para permitir no autorizar la importación de productos con residuos de los plaguicidas más peligrosos, y se ha redactado un proyecto de reglamento que reduce todos los límites máximos de residuos al nivel técnico cero para las sustancias activas carbendazim, benomil y tiofanato-metil”
En este nuevo giro de guion, Bruselas está trabajando en dos líneas de actuación, tanto en el ámbito de la legislación sobre productos fitosanitarios como en la reciprocidad. Así, se ha lanzado la evaluación de impacto sobre las importaciones con residuos de plaguicidas peligrosos prohibidos. Además, se ha impulsado un estudio que contribuirá a la evaluación de impacto mencionada en la Visión, se han iniciado negociaciones sobre la propuesta de modificación del marco jurídico vigente para permitir no autorizar la importación de productos con residuos de los plaguicidas más peligrosos, y se ha redactado un proyecto de reglamento que reduce todos los límites máximos de residuos al nivel técnico cero para las sustancias activas carbendazim, benomil y tiofanato-metil, a raíz de la evolución de las normas internacionales, que prohíbe la importación de productos que contengan dichos residuos. Esto último es especialmente relevante, por ejemplo, para las importaciones de cítricos, mango y papaya.
Paralelamente, volvemos a tener muestras de la falta de paciencia, o simplemente del hartazgo, de algunos socios comunitarios, pues los gobiernos de Francia y Polonia han adoptado medidas de modo unilateral para suspender la importación, introducción y puesta en el mercado, de forma gratuita o a cambio de contraprestación, de productos alimenticios procedentes de países fuera de la Unión Europea que contengan residuos de ciertas sustancias activas de protección vegetal prohibidas para su uso en la UE. París toma esta decisión de modo provisional, hasta que se adopten medidas comunitarias. No es la primera vez que Francia toma una medida similar unilateralmente, marcando así la línea a seguir posteriormente por la Unión Europea. Sucedió en 2024, cuando adoptó medidas en relación con la importación de frutas y hortalizas tratadas con Thiaclopride, que se extendieron al resto de la UE en 2025. También en 2016, cuando frenó la importación de cerezas tratadas con Dimetoato, prohibición que Bruselas adoptó para el conjunto de la Unión Europea en 2021.
En la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura del pasado mes de enero, a iniciativa de la Comisión, los Estados miembros debatieron sobre “Competitividad global: igual-dad de condiciones y reciprocidad”. Aparentemente, se reforzó el discurso a favor de la puesta en marcha de medidas que protejan la viabilidad y competitividad de los productores europeos y garanticen la igualdad de condiciones de producción en comparación con las de los países importadores. Las conclusiones que se han filtrado de esa reunión citan diferentes iniciativas para que los residuos de pesticidas más peligrosos no puedan reintroducirse en la UE a través de productos importados. Entre ellas, se incluyen el refuerzo de los controles de importación y el incremento de las auditorías en terceros países; la propuesta de modificación del marco jurídico vigente para permitir la prohibición de la importación de productos con residuos de los pesticidas más peligrosos; el proyecto de reglamento para reducir todos los límites máximos de residuos al nivel técnico cero para las sustancias activas carbendazim, benomilo y tiofanato-metilo, en consonancia con la evolución de las normas internacionales, y la prohibición de la importación de productos que contengan dichos residuos.
Resumir lo que se está trabajando en relación con los fitosanitarios es complejo, pero parece que se va a agilizar la burocracia en el reconocimiento de materias activas, las cuales los serán por periodos más largo de tiempo. Además, no se prohibirán materias activas en la medida que no existan alternativas viables, y en tanto que una materia activa sea permitida en un Estado miembro de la UE, lo será para todos los socios comunitarios. Igualmente, se está trabajando en la eliminación del concepto de “tolerancia a la importación” en lo que respecta a los LMRs, o en la posibilidad de eximir a los drones de la prohibición de la pulverización aérea. Avances en la idea que el productor no pierda su cosecha, sin perder de vista la idea de que este no desea tratar si no es necesario y existen otras alternativas ya que, de entrada, la realización de tratamiento le supone un coste económico.
Bruselas trabaja en otras líneas de actuación para hacer el sector más atractivo, como es el caso del relevo generacional, sacar todo el partido posible a la bioeconomía por parte del sector, la lucha contra las prácticas comerciales desleales o el Observatorio europeo de la cadena alimentaria. Esperemos que esta vez salgamos más beneficiados que con la firma del tratado de Mercosur, y que la tramitación de estas iniciativas no se eternice.
