El director general de Anove, Antonio Villaroel, habla sobre la importancia de proteger legalmente las nuevas variedades vegetales
Antonio Villarroel. (*)
Los nuevos desarrollos son la fuente del progreso, fomentando la economía en todos los sectores a nivel mundial. Y por supuesto, en el sector de la agricultura, la obtención de nuevas variedades vegetales es el elemento fundamental que contribuye tanto a una mayor productividad agrícola como a la sostenibilidad en la explotación comercial de tales variedades.
Con el fin de que este desarrollo de soluciones a través de nuevas variedades de semillas y plantas no se frene, es necesario generar incentivos suficientes para que los diferentes operadores involucrados en el sector de la mejora vegetal inviertan su tiempo y sus recursos en tal actividad y vean compensados su tarea y dedicación a la misma.
Para ello, existe un sistema de protección y garantía tanto a nivel nacional como europeo. El desarrollo de esta actividad se basa en los llamados derechos de propiedad industrial y a través de esta normativa, al investigador que desarrolla una nueva variedad vegetal, se le otorga durante un periodo de tiempo limitado una serie de derechos exclusivos para su explotación, de forma que se le permita recuperar la inversión llevada a cabo y tener unas ciertas expectativas de obtener un justo beneficio por aportación para el desarrollo y crecimiento de la agricultura. De esta forma los mejoradores pueden sostener sus programas de investigación y el desarrollo de variedades y continuar, por tanto, con tan valiosa labor. Es importante recordar que la semilla es el primer eslabón de la cadena alimentaria, y que el desarrollo de una nueva variedad supone una inversión de entre 8-10 años y entre 1 y 3 millones de euros, según la especie.
La adquisición de variedades fuera del circuito legal supone un elevado riesgo contra la seguridad alimentaria
Pero con tal objeto, resulta necesario que todos los implicados en la producción y comercialización de plantas y semillas colaboren activamente, en tanto que comprando y comercializando semillas y plantas de vivero legalmente producidas como adecuando los procesos de producción y comercialización de material vegetal a la normativa vigente. La adquisición de variedades fuera del circuito legal supone además un elevado riesgo contra la seguridad alimentaria, recordemos que las semillas y plantas acaban en la mesa de nuestras familias.
Así, en aquellos casos en los que lamentablemente tal colaboración no es prestada por algunos miembros de la cadena alimentaria, los obtentores han de ser capaces de ejercer las acciones legales pertinentes, no solo en defensa de sus derechos sino en beneficio de todo el conjunto de la sociedad que necesariamente se ve perjudicada por la introducción en el mercado de un material vegetal carente de toda garantía y susceptible de provocar la transmisión de graves enfermedades.
No podemos dejar de recordar que la reproducción y producción no autorizada de material de variedades vegetales protegidas de hortícolas constituye hoy en día un grave problema. Este fraude tiene graves consecuencias no sólo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el conjunto del sector, pues constituye una grave competencia desleal para la totalidad de los productores y agricultores autorizados. Por otra parte, tal material vegetal producido clandestinamente al margen del sistema oficial de control no cuenta con garantía alguna de que pertenezca verdaderamente a la variedad que se indica, de su pureza varietal o de sus condiciones fitosanitarias, suponiendo un riesgo para la salud de todos.
(*) Director general de Anove (Asociación nacional de obtentores vegetales)
Acceso a la noticia en la página 12 del dossier Cítricos Variedades en el ejemplar de Valencia Fruits.
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