La agenda legislativa ha estado marcada en los últimos meses por el impacto que ha tenido la guerra en Irán en el sector agroalimentario, en concreto por el encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes
Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio hace siete meses, el importe total de todas las ayudas específicas para el sector primario asciende ya a 1.174 millones de euros. Efeagro / David Aguilar
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La legislatura que acabará tras las elecciones generales del día 29 de noviembre acaba con promesas agrarias cumplidas como la Estrategia Nacional de Alimentación, la Ley contra el Desperdicio o la actualización de la representatividad agraria, pero sin la deseada ley de agricultura familiar.
La agenda legislativa ha estado marcada en los últimos meses por el impacto que ha tenido la guerra en Irán en el sector agroalimentario, en concreto por el encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes.
Por ello, las últimas medidas del Ejecutivo se han centrado en apoyar al sector primario con medidas como la prórroga hasta fin de año de la ayuda de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo agrícola y pesquero, si bien los agricultores lo ven insuficiente y tienen previsto desarrollar protestas.
Y es que desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio hace siete meses, el importe total de todas las ayudas específicas para el sector primario asciende ya a 1.174 millones de euros, incluidos 665 millones para la compra de fertilizantes.
En un contexto de incertidumbre internacional, tensiones comerciales, aumento de costes y eventos extremos ligados al cambio climático, el ministro saliente de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido el papel “estratégico” del sector agroalimentario y su capacidad exportadora.
Actividad parlamentaria
La segunda legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez se inició en agosto de 2023 con dos objetivos principales: la Estrategia Nacional de Alimentación y la ley de agricultura familiar.
La primera se presentó el pasado enero, tras un proceso de consultas, y reflejaba los seis desafíos de la cadena agroalimentaria española, desde el abastecimiento estratégico hasta la sostenibilidad, el fortalecimiento rural, la alimentación saludable, la innovación y la información al consumidor.
En cambio, la ley de agricultura familiar prometida por Sánchez no ha llegado a pasar por el Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario.
Planas ha expresado su confianza en que el proyecto pueda avanzar más adelante, a la espera de los detalles que se decidan en la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, incluida la definición de agricultor activo.
Una norma que finalmente sí ha visto la luz ha sido la Ley contra el Desperdicio Alimentario, en vigor por completo desde el pasado abril, después de decaer antes de ser aprobada en la anterior legislatura.
Junto a esa ley salieron aprobadas en marzo de 2025 las modificaciones de la ley de representatividad agraria, lo que ha supuesto de facto la inclusión de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en el Consejo Asesor que también integran las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.
El plan de 43 medidas
Tras la ola de protestas de los agricultores a principios de 2024, Unión de Uniones y UPA firmaron con el Gobierno un plan de 43 medidas para afrontar la crisis de rentabilidad que atravesaba el campo.
Entre ellas, figuraba la necesidad de consolidar los planes de inspección y control de la nueva Ley de Cadena Alimentaria de 2021 en colaboración con las comunidades autónomas, aunque el Congreso rechazó en 2025 convertir la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en un ente estatal.
Muchas de las medidas de ese plan estaban relacionadas con la flexibilización y simplificación de la PAC, unos cambios que salieron adelante en el seno de la Unión Europea (UE) ante la presión en las calles de los agricultores europeos.
Negociaciones europeas
El próximo Gobierno tendrá que representar los intereses de España en las negociaciones del nuevo presupuesto comunitario y del diseño de la PAC, que en el último periodo ha supuesto el reparto de 4.800 millones de euros anuales en ayudas a los agricultores y ganaderos españoles.
En cuanto a la emergencia climática, Planas ha defendido la inversión en la modernización del regadío, con más de 2.400 millones hasta 2027, y la importancia del seguro agrario, entre otras herramientas.
El Gobierno destinó 315 millones de euros al Plan de Seguros de 2026 para subvencionar la contratación de pólizas, cifra que se elevó a 344 millones para dar respuesta a las pérdidas en el sector agrario por las borrascas de enero y febrero.
Acción pesquera
En materia pesquera, el proyecto de Ley de Control, sobre inspección y sanciones, presentado por el Ejecutivo a finales de 2025, se ha quedado estancado en la tramitación parlamentaria en el Congreso.
Se trata de una de las normativas pendientes de la reforma legal sobre la pesca que el Gobierno socialista inició -en la legislatura que acabó en 2023- junto con otra que queda por aprobar sobre comercialización.
La legislatura acaba también con el impacto de la guerra en el gasóleo en el sector, que sigue reclamando más medidas para evitar el amarre por el precio del carburante.
