Asaja reclama más tiempo para adaptarse a la nueva obligación, libertad para elegir la herramienta digital y una mayor flexibilidad en los plazos de registro
Campos de lechuga en Murcia. / ARCHIVO
Valencia Fruits. Redacción.
Asaja ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se aplace hasta el 1 de enero de 2028 la obligación de mantener registros electrónicos de los tratamientos fitosanitarios, prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564. La organización considera que muchas explotaciones todavía no están preparadas para cumplir esta exigencia de forma generalizada y advierte de que su aplicación en los plazos actuales puede incrementar los costes y la carga burocrática del sector.
La petición llega pese al aplazamiento que ya ha concedido la Comisión Europea. Asaja sostiene que persisten importantes dificultades de adaptación, especialmente entre las pequeñas y medianas explotaciones, que cuentan con menos recursos técnicos, económicos y administrativos. También señala los problemas de conectividad en determinadas zonas rurales y las necesidades adicionales de formación y acompañamiento de los agricultores de mayor edad.
La organización advierte de que exigir el cumplimiento sin tener en cuenta estas circunstancias podría generar inseguridad jurídica y riesgo de sanciones para agricultores que actúan de buena fe. A su juicio, no es el momento de añadir nuevas obligaciones administrativas a unas explotaciones que ya soportan una elevada carga burocrática.
Libertad para elegir la herramienta digital
Asaja también pide evitar que esta obligación se confunda con el Cuaderno Digital de Explotación (CUE). Recuerda que la normativa europea exige disponer de registros electrónicos legibles por máquina de los tratamientos fitosanitarios, pero no obliga a utilizar una herramienta concreta ni establece un sistema nacional determinado.
Por ello, reclama que se admita cualquier solución digital que cumpla los requisitos técnicos establecidos, incluido el uso de hojas de cálculo como Excel.
En cuanto a los plazos de anotación, la organización solicita que el Gobierno aproveche la flexibilidad que permite la normativa europea. En concreto, propone que, en lugar de exigir el registro en los 30 días posteriores a la aplicación del producto fitosanitario, se permita realizar las anotaciones hasta el 31 de enero del año siguiente al de su utilización.
Una petición conjunta ante la Comisión Europea
Asaja insta al Ministerio de Agricultura a liderar una iniciativa con otros Estados miembros y a incluir esta cuestión en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE (AGRIFISH), dentro del apartado de «Otros asuntos» (AOB). La organización considera que las dificultades de adaptación se repiten en explotaciones de distintos países y que una posición común reforzaría la petición de aplazamiento ante la Comisión Europea.
Con este objetivo, Asaja prevé mantener contactos con organizaciones homólogas de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Polonia y Rumanía para acordar una postura compartida que trasladar posteriormente a las instituciones europeas y a los Gobiernos nacionales.
Asimismo, la organización exigirá un compromiso de aplazamiento en las reuniones que mantendrá durante los próximos días con los partidos políticos, de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
Asaja afirma que apoya la digitalización del sector y sus beneficios para la trazabilidad y la gestión de las explotaciones, pero defiende que debe implantarse de manera gradual y realista, con apoyo efectivo a los agricultores y sin aumentar los costes ni la burocracia.
