La industria alimentaria y las organizaciones agrarias cuestionan la nueva normativa para regular la venta a pérdidas
Agricultores y fabricantes cuestionan la aplicación práctica de esta normativa. / Archivo
La industria alimentaria se ha sumado a las críticas de las organizaciones agrarias a la nueva regulación de la venta a pérdida y cuestiona su aplicación práctica, mientras el Gobierno se mantiene firme en su defensa tras el “vacío legal” existente hasta ahora.
Agricultores y fabricantes reclaman una normativa que impida vender alimentos en el supermercado a un precio por debajo de su coste, utilizados en ocasiones —especialmente con la leche y el aceite— como “productos reclamo” para fomentar las compras.
La venta a pérdida está regulada en España a través de la ley de comercio minorista, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE consideró en octubre de 2017 que no se ajustaba al derecho comunitario y creó un vacío legal que el Ejecutivo ha intentado salvar ahora con la introducción de una modificación en esa misma normativa.
La patronal de la industria alimentaria (FIAB) ha considerado “insuficiente” la reforma introducida en la regulación por parte del Gobierno español, y ha advertido de la dificultad de aplicarla en la práctica. Desde la entidad han explicado que los cambios aprobados en consejo de ministros el pasado viernes para ajustar la legislación nacional a los criterios comunitarios “ha quedado a medio camino entre la permisividad y la prohibición”.
Dependerá del criterio del tribunal
Fuentes de este organismo —representante de las 29.000 empresas que conforman el sector— han considerado que al limitar la venta a pérdida a los casos de “deslealtad o engaño” se restringe el alcance de la prohibición. Además, han incidido en que con esta nueva regulación, la decisión depende “de la interpretación que realicen la administración y los tribunales de Justicia”, lo que puede generar “incertidumbre”.
La alteración legislativa aprobada por el Ejecutivo sobre la venta a pérdida ya fue rechazada por las organizaciones agrarias —Asaja, COAG y UPA— y por Cooperativas Agro-alimentarias, que de forma conjunta la calificaron de “paso atrás inaceptable“. En su opinión, la normativa añade “complejidad, subjetividad y arbitrariedad a todo el proceso, y en la práctica, es inútil para proteger al sector productor“.
Luis Planas sale en su defensa
Por el contrario, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que la normativa aporta “mayor eficacia y seguridad jurídica“, ha atribuido la controversia generada a un “malentendido” y ha avanzado que si la medida “no es suficientemente eficaz” se podrían analizar otras soluciones.
Luis Planas —quien colocó precisamente la erradicación de la venta a pérdida como uno de los objetivos prioritarios de su mandato— ha calificado además de “aberrante” esta práctica.
La modificación de la ley de comercio minorista liga a partir de ahora la venta a pérdida a la existencia de prácticas desleales, bien porque se induce a error al consumidor, porque se busque desacreditar la imagen de un producto o un establecimiento o cuando forme parte de una estrategia dirigida a eliminar a un competidor.
Desde el Ministerio de Agricultura han insistido en que para poder sancionar un caso de este tipo —la competencia recae en los inspectores de Comercio de las comunidades autónomas— debe haber un precio de venta al público inferior al pagado en la compra y también demostrarse que es desleal, un concepto en el que se podría incluir a los supermercados que incurran en estas prácticas si se comprueba que con su política se está “desacreditando la imagen de un alimento”.
