El sector tomatero extremeño reclama el uso excepcional de un insecticida contra el ácaro

El sector ha firmado un manifiesto en contra de la prohibición del insecticida que combate el ácaro del bronceado del tomate

El sector sostiene que las alternativas actualmente autorizadas para el control del ácaro del bronceado del tomate “han demostrado no ser capaces de controlar la incidencia de esta plaga”. / ÓSCAR ORZANCO

Efeagro.

El sector productor del tomate en Extremadura, con una superficie cultivada superior a 20.000 hectáreas y una producción anual aproximada de 1,9 millones de toneladas, ha firmado un manifiesto en contra de la prohibición del insecticida que combate el ácaro del bronceado del tomate y para pedir al Ministerio de Agricultura que autorice su uso de forma excepcional.

El texto ha sido firmado por Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, la Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) y las organizaciones agrarias UPA-UCE, Apag Asaja Extremadura, Asaja Cáceres y La Unión.

Las organizaciones explican que el spirotetramat, principio activo del insecticida Movento (Bayer), cuya aprobación a nivel de la Unión Europea expiró el 30 de abril de 2024, ha sido una herramienta fitosanitaria de uso ampliamente extendido en el manejo integrado del ácaro del bronceado del tomate (Aculops lycopersini) en el cultivo del tomate para industria.

Esta decisión, han explicado, ha supuesto la retirada de una herramienta fitosanitaria “imprescindible” para hacer frente a esta plaga sin que en el momento de su entrada en vigor se disponga de alternativas técnicas efectivas y autorizadas para este uso específico.

En este sentido, sostienen que las alternativas actualmente autorizadas para el control del ácaro del bronceado del tomate “han demostrado no ser capaces de controlar la incidencia de esta plaga”.

“La ausencia de soluciones competentes para controlar este problema de plagas sitúa este sector al borde de una grave crisis, con consecuencias directas sobre miles de familias y puestos de trabajo”

Aunque España estableció un período de gracia para la comercialización, almacenamiento, distribución y uso de spirotetramat, este finalizó el 30 de octubre de 2025, de modo que desde entonces el uso de dicha sustancia activa no está autorizada. “La ausencia de soluciones competentes para controlar este problema de plagas sitúa este sector al borde de una grave crisis, con consecuencias directas sobre miles de familias y puestos de trabajo”, han advertido las organizaciones firmantes.

Ante ello, han recordado que el marco normativo europeo permite, con carácter excepcional, la concesión de autorizaciones temporales de emergencia conforme al artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009.

Asimismo, han alegado que debido a la gravedad de la situación, numerosos estados miembros de la Unión Europea han activado ya los mecanismos excepcionales previstos en la normativa comunitaria para hacer frente a esta crisis.

“Si determinados Estados miembros en circunstancias similares a la nuestra cuentan ya con una autorización extraordinaria, es coherente que se aplique el mismo criterio al conjunto de la Unión Europea, garantizando tanto la viabilidad del sector como la equidad competitiva entre estados”, han defendido.

Por estos motivos, han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, al amparo del artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009, evalúe de forma urgente la autorización excepcional del uso de spirotetramat para el control del ácaro del bronceado del tomate, en el cultivo del tomate para industria.

Le piden también que impulse y priorice, “con la máxima celeridad”, el registro y autorización de productos sustitutivos de las materias activas cuya retirada haya sido aprobada o esté prevista, “garantizando la disponibilidad efectiva de alternativas técnicas viables para el sector”.

Y por último, le reclaman que garantice que no se haga efectiva la retirada de ningún producto fitosanitario de uso crítico “sin que exista previamente una alternativa autorizada, eficaz y técnicamente viable que asegure la continuidad productiva y la protección fitosanitaria de los cultivos”.