El campo confía en encontrar trabajadores para las campañas mientras sigue lidiando con el clima y el alza de costes
Temporeros recogiendo fruta en un campo aragonés. / JO
Efeagro.
El sector agrario mira con cierto alivio el proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros puesto en marcha en España, en un momento en el que la falta de mano de obra vuelve a tensionar muchas campañas. No es un tema menor, casi cuatro de cada diez afiliados en el campo son de origen extranjero, lo que da una idea del peso que tiene este colectivo en el día a día de las explotaciones.
En zonas productoras como Navaconcejo, en el Valle del Jerte, la situación se vive con especial intensidad. Allí, productores con explotaciones de cereza y castaña reconocen abiertamente las dificultades para encontrar personal, sobre todo en tareas como la recogida de la castaña, considerada especialmente dura. “Los españoles no quieren trabajar”, lamentan, aludiendo a la exigencia física de este cultivo.
Aunque las cuadrillas de trabajadores foráneos son ya habituales en el campo español, eso no evita los problemas cuando llega el momento de organizar las campañas. La falta de personas disponibles genera, según reconocen los propios agricultores, situaciones de auténtico “estrés”.
En el caso de la cereza, la recolección suele resolverse con apoyo familiar, pero la campaña de la castaña —que se alarga durante dos meses y medio— exige entre seis y ocho trabajadores. Cubrir esos puestos no siempre es posible. De hecho, hay experiencias recientes que reflejan esta realidad: contratos de trabajadores nacionales que apenas duran uno o dos días.
Por eso, la regularización se percibe como una vía para ganar tranquilidad: disponer de trabajadores con documentación en regla y evitar la incertidumbre a la hora de contratar. “Encontrar gente y no estar con miedo”, resumen desde el sector, que también valora la seguridad jurídica que aporta esta medida.
Una visión similar se tiene en el Poniente almeriense, uno de los grandes polos hortícolas del país. En municipios como Vícar, donde el cultivo bajo invernadero marca la actividad, los agricultores insisten en la necesidad de contar con trabajadores disponibles y con autorización para trabajar.
Desde el sector se valora especialmente que personas que ya están en España y asentadas puedan regularizar su situación y acceder al empleo con normalidad. La idea es clara: facilitar que puedan trabajar “con todas las consecuencias”, es decir, con derechos y obligaciones como cualquier otro trabajador, y al mismo tiempo garantizar mano de obra a las explotaciones.
Aun así, los problemas no desaparecen. Uno de los momentos más delicados sigue siendo el arranque de las campañas, cuando parte de los trabajadores aún no ha regresado de sus países o está enlazando con otras cosechas.
A ello se suma la propia naturaleza del trabajo agrario, muy dependiente de factores como la climatología. Las necesidades de personal cambian según el cultivo —no es lo mismo recolectar tomate cherry que pimiento— y generan picos de demanda difíciles de cubrir con estabilidad.
Y, como telón de fondo, continúan otros factores que complican la actividad. Entre ellos, la caída de producción provocada por las borrascas de principios de año o el incremento de los costes, ahora también influido por la situación internacional, como el conflicto en Irán.
Con todo, el campo sigue adelante en su actividad diaria, con la expectativa de que la regularización ayude a aliviar, al menos en parte, uno de sus problemas más recurrentes: la falta de mano de obra en los momentos clave.
Según datos de la UGT, en España hay 3,6 millones de trabajadores extranjeros, de los que el 27 % trabaja en el sector agrícola. Un dato que explica por qué tanto el Gobierno como las principales organizaciones agrarias han respaldado este proceso extraordinario, que acaba de echar a andar.
