Gobiernos de Comunitat Valenciana y Murcia, junto a los regantes, defienden su continuidad mientras Castilla-La Mancha denuncia el impacto negativo del sistema y apuesta por la desalación
Imagen del acto ‘En defensa del Trasvase Tajo-Segura’, organizado por el Sindicato Central de Regantes. / CARM
Valencia Fruits. Redacción.
La defensa del trasvase Tajo-Segura ha vuelto a situarse en el centro del debate político y agrario tras un acto celebrado en Pilar de la Horadada (Alicante), donde representantes institucionales y del regadío del sureste español han reivindicado su continuidad frente a las críticas procedentes de Castilla-La Mancha. Todo ello, además, en un contexto marcado por la próxima decisión del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del Tajo.
Defensa del trasvase
Los gobiernos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia han realizado una firme defensa del trasvase con el argumento de que en España existe disponibilidad hídrica suficiente. Así lo expusieron el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el murciano, Fernando López Miras, quienes insistieron en que “hay agua para todos” y que el sistema es compatible con la preservación de los entornos ecológicos.
Los gobiernos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia han realizado una firme defensa del trasvase con el argumento de que en España existe disponibilidad hídrica suficiente
Ambos dirigentes subrayaron que, según sus datos, en España se registran anualmente alrededor de 350.000 hectómetros cúbicos de precipitaciones, de los que una parte significativa termina en el mar tras su paso por los ríos. En este sentido, defendieron que el aprovechamiento del recurso debe optimizarse para evitar recurrir a soluciones más costosas como la desalación.
El president valenciano destacó que el sureste español constituye un ejemplo de eficiencia hídrica, al aprovechar, reutilizar y transformar el agua para abastecer tanto a la agricultura como a más de 2,5 millones de personas. Asimismo, advirtió de que una eventual reducción o supresión del trasvase supondría no solo pérdidas económicas relevantes, sino también una amenaza para la continuidad de un modelo de vida en amplias zonas de Alicante, Murcia y Almería.
En la misma línea, López Miras incidió en que el agua es una cuestión que trasciende al sector agrario y afecta al conjunto de la sociedad, al ser clave para el mantenimiento del tejido económico del sureste.
Los regantes reivindican su papel
Desde el ámbito del regadío, tanto el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura como la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena defendieron la continuidad del trasvase como elemento esencial para la supervivencia de sus territorios.
El presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, lamentó que se esté trasladando una imagen de división entre “regiones hermanas” y responsabilizó al Estado de la situación actual, al considerar que la planificación hídrica responde a intereses electorales. Además, denunció el escaso grado de ejecución de inversiones comprometidas para la modernización de regadíos y la regeneración de recursos.
Por su parte, el presidente de la CRCC, Manuel Martínez Madrid, puso en valor el carácter moderno, tecnificado y eficiente de las explotaciones del sureste, que —según indicó— optimizan cada gota de agua y utilizan únicamente los fertilizantes imprescindibles. También criticó el vertido de grandes volúmenes de agua al mar frente al elevado coste económico y energético de la desalación.
Castilla-La Mancha rechaza el modelo
Frente a estas posiciones, desde Castilla-La Mancha se ha reiterado el rechazo al mantenimiento del trasvase. El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, criticó que se pretenda “perpetuar” un sistema que, a su juicio, “maltrata y empobrece” a la comunidad autónoma.
Bellido defendió la necesidad de apostar por la desalación como alternativa, aprovechando el recurso “ilimitado” del Mediterráneo, y reclamó unidad política en la defensa de los intereses regionales. Asimismo, subrayó que Castilla-La Mancha cuenta con el respaldo de instituciones europeas, tribunales y agentes sociales en esta materia.
El dirigente castellanomanchego calificó de “humillante” la situación de municipios por los que discurre la infraestructura sin poder beneficiarse de sus recursos hídricos, y recordó que el Gobierno autonómico ha acudido a los tribunales en distintas etapas para defender su posición.
