El presidente del SCRATS ha insistido en que el recorte responde a “una decisión política y se puede corregir políticamente”
Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). / ARCHIVO
Efeagro. Murcia.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha dicho este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo en lo referente a los caudales ecológicos supone “un mal día” para los regantes, aunque ha asegurado que los regantes mantendrán su defensa del trasvase.
Jiménez, que ha comparecido en rueda de prensa tras conocerse el fallo del alto tribunal, ha remarcado que aceptan “con respeto” el veredicto, aunque no comparten “la injusticia” que, a su juicio, ha motivado la reducción progresiva de aportaciones del trasvase.
“No es un buen día, pero desánimo no hay ninguno. Seguimos al pie del cañón en la defensa de lo que nos parece una injusticia”, ha declarado el dirigente de los regantes, quien ha insistido en que el recorte responde a “una decisión política” derivada del cumplimiento de “una promesa política”.
El presidente del SCRATS ha criticado además que la sentencia, según ha afirmado, no entra “al fondo de la cuestión” planteada por los regantes, y se limite a remitirse a resoluciones previas sin debatir los argumentos técnicos presentados por la organización de regantes.
En este sentido, ha lamentado que el Tribunal Supremo no haya admitido “ni una sola prueba pericial”, lo que, en su opinión, ha impedido cuestionar los cálculos utilizados para fijar los caudales ecológicos del Tajo.
Jiménez ha asegurado que los servicios jurídicos del sindicato estudian posibles actuaciones legales, incluida la eventualidad de analizar la sentencia desde el punto de vista constitucional, aunque ha reconocido que actualmente “no caben medidas cautelares” en la vía judicial.
Durante su intervención, el responsable de SCRATS ha centrado gran parte de sus críticas en las inversiones comprometidas por el Estado para compensar el recorte del trasvase.
Según ha apuntado, de los más de 3.000 millones de euros anunciados para actuaciones en las cuencas del Tajo y del Segura “apenas se ejecutarán 100 millones de euros” hasta 2027. Ha detallado que se habían anunciado 1.300 para el Tajo y 1.750 para el Segura.
“Era un fraude a todas luces”, ha asegurado Jiménez, quien ha calificado de “mentira” las promesas relacionadas con modernización de regadíos, adaptación de depuradoras, impulsiones de agua desalada y proyectos fotovoltaicos destinados a abaratar costes energéticos.
El dirigente de los regantes ha afirmado que la falta de ejecución de esas obras pone en riesgo el futuro económico de las regiones receptoras del trasvase, y ha advertido que son insuficientes las infraestructuras previstas para sustituir los recursos hídricos transferidos desde el Tajo dado que no existen conexiones de las plantas desaladoras.
Asimismo, se ha dirigido expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, para reclamarles que “den la vuelta” a la política hídrica actual y paralicen el recorte previsto antes de 2027.
Pese a las críticas, el presidente del SCRATS ha insistido en que su organización respetará la decisión judicial y continuará defendiendo sus reivindicaciones “en el terreno político”. “El recorte es político y se puede corregir políticamente”, ha concluido.
