Cirilo Arnandis expone los retos que se imponen al sector hortofrutícola, como el incremento del coste de energía, el impacto de plagas o la competencia con terceros países
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Llegan las cosechas de productos tradicionales de la Comunitat Valenciana como los cítricos y el caqui. / Archivo
Cirilo Arnandis (*)
Ya estamos de vuelta. Ya ha pasado el periodo vacacional, y volvemos nuevamente al tajo. Sería normal esto, como en campañas anteriores, si no fuera por los retos que se nos imponen desde nuestras propias Administraciones, y cuya consecuencia más evidente y directa es que nuestra competitividad se ve lastrada y las de nuestros competidores reforzada. Por lo demás, el hecho cierto es que el precio de los alimentos, y de modo más concreto el de las frutas y hortalizas, se ha incrementado en los últimos meses, lo cual no deja de ser una “falsa apreciación de la realidad”, frase cuya autoría corresponde al que fuera vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra.
Uno de los temas estrella de todos los telediarios veraniegos ha sido, y lo sigue siendo, el incremento constante del coste de la energía. La eléctrica sube sin parar, llegando a valores que nunca jamás se habían alcanzado. El precio del combustible también está en valores históricos. Así pues, la renta del productor, y pese a que se han incrementado los precios al consumidor, sigue en los niveles mínimos de siempre, al haberse incrementado sobremedida también los costes. Incluso más, si vemos los valores de la reserva hídrica española, a principios del mes de septiembre del presente año se fija en el 41,7% de su capacidad, mientras que el año pasado a las mismas fechas era del 49,7%. Una de las causas principales de este descenso es la puesta en marcha de las turbinas de los pantanos para generar energía eléctrica, y no por el uso de esta agua en riegos, que por el contrario se encarece, por diversas cuestiones derivadas. En este contexto, es cuando se hace más necesario pagar por la energía consumida y no por la potencia contratada.
Pero volviendo a lo cotidiano, pronto tendremos ya valores, oficiales y no oficiales, de previsión de cosecha de cultivos tan tradicionales como cítricos o caqui. Por lo que se refiere a los primeros, toca cosecha corta, es decir, algo menos de producción que la campaña anterior. Esto con carácter general, pues luego ya sabemos que, en un sector tan maduro y complejo como este, las comarcas, las variedades y los momentos juegan su papel. De todos modos, lo que sí es cierto es que las previsiones de cosecha lo serán sobre fruta producida, y no sobre fruta comercial. Este punto es más significativo en estos momentos en los que nuestros campos están sufriendo, como nunca había ocurrido antes, los ataques de diversas plagas de cuarentena, mermando la cantidad de fruta con posibilidades de acceder al mercado con el suficiente nivel de calidad.
“Nuestros campos de cítricos están sufriendo, como nunca había ocurrido antes, los ataques de diversas plagas de cuarentena, mermando la cantidad de fruta con posibilidades de acceder al mercado con el suficiente nivel de calidad”
También en el caso del caqui hay que hacer mención al notable incremento del impacto de plagas como el cotonet, con el agravante de que se trata de un cultivo para el que las opciones de tratamiento son todavía más reducidas si cabe. Un despropósito que se traducirá en una importante reducción de cosecha. Nos hemos sentado con la Administración para exponer este problema, y esperamos que nuestras peticiones y demandas al respecto sean tenidas en cuenta, por el bien de nuestro sector, tanto en el momento presente como en el futuro más inmediato. En última instancia, y pese a las dificultades, cabe destacar que habrá fruta suficiente para abastecer los mercados tradicionales sin tensiones, y de modo correcto, tanto en cantidad como en calidad.
Lo comentado anteriormente es un tema de gran importancia, no ya porque a la merma de cosecha prevista hay que reducir la fruta no comercial, si no por la impotencia a la que se enfrentan los productores. Al igual que mantenemos un contacto constante con las Administraciones autonómica y estatal, seguimos insistiendo a Bruselas que sus políticas no son efectivas para evitar la llegada de plagas de cuarentena, y si no a las pruebas hay que remitirse. Sin embargo, la normativa fitosanitaria se caracteriza por la retirada, solo en Europa, de cada vez más materias activas, sin tener previsto con qué tratar, como alternativa a su prohibición. Sin un contexto cierto en lo técnico, y sin un volumen de producto en principio eficaz, escaso para satisfacer la demanda del mercado, el productor está entrando en una dinámica de incremento de costes en otros tratamientos que se suponen efectivos, y en una decepción al ver cómo el ataque de las diversas plagas sigue de tal forma provoca que, en los escenarios más graves, hay que renunciar al total de la cosecha. Una realidad de la que los legisladores no se enteran, o no quieren enterarse, pese a nuestra insistencia.
Entretanto, nuestros competidores de países terceros sí que pueden aplicar estos productos prohibidos en la Unión Europea, que son más baratos y eficaces que los que pueden utilizarse en Europa. Tan solo tienen que esperar a que pase el suficiente tiempo, de tal manera que se disipen y volatilicen posibles residuos. Aún así, el nivel de envíos detectados superando el correspondiente nivel de LMR sigue siendo preocupante. Eso quiere decir que además de las partidas interceptadas, es seguro que un volumen de fruta con residuos en niveles no aptos para el consumo humano, procedentes de países terceros en los que no está prohibido el uso de ciertos productos fitosanitarios, habrá llegado hasta el consumidor europeo. Esto quiere decir que en un contexto donde el precio es el gran atractivo como reclamo, y dando por sentado que la seguridad alimentaria está asegurada, habrá que, cuanto menos, valorizar este último concepto en relación con la producción comunitaria frente a la que viene de fuera. Es hora de informar al consumidor, y que este sea conocedor de los resultados de la política comercial agraria comunitaria respecto de las importaciones de alimentos.
Finalizando el mes de julio, ya a las puertas del mes de agosto, y por eso que en esas fechas determinadas noticias tienen menos eco, la Comisión Europea publicó su informe de impacto de la “Estrategia de la granja a la mesa”. Siguiendo el mismo formato que el mismo estudio elaborado por las autoridades agrarias norteamericanas, no les quedaba más remedio que llegar a conclusiones similares. Así, según el estudio de Bruselas, y tal como se preveía, el informe arroja efectos económicos negativos para la mayoría de las producciones, también para nuestro sector. Se esperan caídas de rendimientos, como consecuencia de ello, y aunque la superficie no variaría mucho, caerá la oferta, subirán los precios casi en la misma medida que bajan los rendimientos. Pero como los costes suben aún más, los ingresos disminuyen. Además, empeora la balanza comercial en fruta y vegetales. El estudio reconoce que los efectos medioambientales positivos logrados en la UE se perderían en parte por la fuga de contaminación a otras zonas del mundo e incremento de las importaciones y que, para evitarlo, es necesario la “Acción Global”. Es decir, que nos enfrentamos a una deslocalización de la producción.
Entretanto, el Parlamento Europeo quiere incluir todavía más objetivos en la estrategia “De la granja a la mesa”, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su intervención en el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza celebrado en Marsella, anunciaba que durante el periodo en el que Francia ostentará la presidencia de la UE a partir del 1 de enero de 2022, una de las prioridades será llevar a cabo “una iniciativa contundente para la eliminación de plaguicidas”. Tras la indignación de los agricultores franceses, sus protestas no se hicieron esperar. Al día siguiente, Julien Denormandie, ministro francés de Agricultura, tuvo que salir al paso, matizando que la posición francesa no había cambiado, que seguía siendo la misma, y que no habría ninguna prohibición sin contar con una alternativa.
Las últimas sesiones de las Comisiones de Agricultura y Comercio del Parlamento Europeo, han tenido a bien debatir sobre el Acuerdo Comercial con Marruecos. Las conclusiones las esperadas. La Comisión está cerrada y no quiere entrar en el debate técnico y se escuda en el escaso peso relativo de las importaciones de Marruecos sobre el total de oferta UE, y en el “balance positivo global” de las relaciones comerciales entre Bruselas y Rabat. No obstante, el argumento de mayor de mayor peso político es que debe seguir siendo un “socio estratégico” de la UE. Se imaginan por qué, ¿verdad? Se confirma la intención de la Comisión de actualizar el acuerdo para incluir cuestiones como componentes medioambientales, bienestar animal, etc., pero Marruecos no está dispuesto de momento. Conviene recordar que en el Acuerdo de la PAC post 2020 no se incluyó el artículo 188 a), que proponía el Parlamento Europeo, para que las mismas reglas medioambientales y sanitarias que condicionan la producción en la UE se apliquen al producto importado. Esta aspiración se sustituyó por una declaración institucional que obliga a la Comisión a presentar en junio 2022 un Estudio de opciones para lograr ese mismo objetivo. Como se dice en el rugby, “patada a seguir”.
En resumen, que aquello de que la nueva PAC consistía en más obligaciones con menos recursos, está siendo cierto. Entre tanto, nuestros competidores se van posicionando mejor en los mercados europeos, a costa de nuestras restricciones, no sin ello evitar que nos llegue producto contaminado, bien sea en relación con la seguridad alimentaria de los consumidores, o de la seguridad vegetal de nuestras explotaciones, con la llegada de plagas de cuarentena. El debate, pues, no es si hay que eliminar más o menos productos, que seguro que habrá razones para ello, si no por qué unos sí y otros no. Se trata de explicar, por qué unos tienen recursos, y otros no los tienen, pese a dirigirse al mismo mercado. Demasiados golpes para un sector al límite.
(*) Presidente de la
sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentaries.