La Mesa Nacional del Ajo advierte de la caída de las ventas a Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos, que concentran el 85% de las exportaciones extracomunitarias, y reclama medidas de salvaguardia

Durante el encuentro, se analizó el balance de la cosecha nacional de 2026, con una superficie cultivada de 24.404 hectáreas. / ASAJA
Valencia Fruits. Redacción.
La Mesa Nacional del Ajo alerta del descenso de las ventas a los principales destinos extracomunitarios del ajo español y de la pérdida de competitividad frente a las producciones de terceros países. El aumento de los costes, la reducción de las herramientas disponibles para proteger la sanidad del cultivo y las dificultades comerciales en mercados estratégicos están comprometiendo, según la organización, la rentabilidad de las explotaciones y el empleo que generan en el medio rural.
Estas cuestiones centraron la asamblea celebrada en Las Pedroñeras (Cuenca), en la que participaron el presidente de la Mesa Nacional del Ajo, José Carlos Patiño; el presidente de la Sectorial del Ajo de Asaja Córdoba, Miguel del Pino, y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Cuenca, Rodrigo Fernández.
Durante el encuentro se analizó el balance de la cosecha nacional de 2026, que contó con una superficie cultivada de 24.404 hectáreas. Aunque el ajo obtenido ha presentado una buena calidad, la producción ha sido corta debido a unos rendimientos por hectárea inferiores a la media. Además, con la siembra de la próxima campaña ya iniciada, las previsiones apuntan a una nueva reducción de la superficie.
Retroceso en los mercados exteriores
Uno de los principales motivos de preocupación es la evolución de las ventas a Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos, que reúnen alrededor del 85% de las exportaciones españolas de ajo fuera de la Unión Europea. Los tres destinos están reduciendo sus compras en un contexto de crecientes dificultades comerciales.
En Estados Unidos, los aranceles impuestos al ajo europeo se sitúan como principal causa del descenso. En Reino Unido, a la tendencia bajista de las compras se suma el anuncio de la suspensión temporal de los aranceles a la importación de ajo a partir del próximo 26 de noviembre, una decisión que, según el sector, incrementa la preocupación por la competencia de terceros países. Por su parte, Marruecos exige desde el 24 de septiembre una licencia para importar ajo fresco que, en la práctica, está limitando la entrada del producto español.
A estas dificultades se añade el incremento de los costes de producción y la reducción de las soluciones disponibles para garantizar la sanidad del cultivo. La Mesa Nacional del Ajo considera que los productores europeos deben cumplir unas exigencias que no se aplican de forma recíproca a las producciones procedentes de terceros países, lo que genera una situación de desigualdad competitiva.
Menos superficie en Córdoba
La evolución de la superficie cultivada también preocupa en Córdoba. A los problemas de competitividad se suman los años de sequía y las restricciones de riego de las últimas campañas, que han provocado una reducción progresiva de las hectáreas dedicadas al ajo en la provincia.
Según los datos de la Consejería de Agricultura recogidos por Asaja Córdoba, en la campaña 2025/2026 se sembraron 680 hectáreas, frente a las 898 hectáreas del año anterior. La cifra queda también por debajo de las 1.534 hectáreas de media registradas en años anteriores.
Medidas de protección
Ante esta situación, el sector considera necesario trasladar a la distribución y a los consumidores el valor de las mayores exigencias y garantías sanitarias de la producción europea. Asimismo, recuerda que, con un consumo aproximado de 0,8 kilos por persona y año, apostar por el ajo europeo tiene una repercusión muy reducida en el coste de la cesta de la compra y contribuye al mantenimiento de la actividad agraria.
La Mesa Nacional del Ajo considera imprescindible mantener la unidad del sector y avanzar en la preparación de una solicitud para activar una medida de salvaguardia. También reclama a las administraciones nacional y europea una respuesta urgente, con medidas de apoyo y protección que permitan recuperar competitividad y preservar el empleo y la riqueza que genera este cultivo en el medio rural.







