Las organizaciones agrarias han reclamado en la Comisión para la Reconstrucción una hoja de ruta para el sector a largo plazo, así como medidas de impulso de la sanidad vegetal y para garantizar la soberanía alimentaria, logrando el equilibrio entre economía de mercado y la consideración de servicio estratégico
Comisión para la Reconstrucción en Les Corts. / CORTS
AVA-ASAJA y La Unió han participado en la Comisión especial de estudio para la reconstrucción social, económica y sanitaria, donde el el portavoz de Agricultura del PSPV-PSOE en Les Corts, David Calvo, ha asegurado que “la situación actual ofrece una gran oportunidad para replantear la política agraria. Y es fundamental saber definir las prioridades, destinar fondos para implementar estas herramientas y generar unidades productivas más rentables y eficaces que permitan ahorrar costes a los agricultores”, lo que, explica Calvo, se traduce en una “mayor productividad, tan necesaria en estos momentos”.
Asimismo, el diputado socialista ha señalado la importancia de “marcar nuevas líneas de negociación que tanto la Generalitat como el Gobierno defiendan en Europa y de afrontar otros retos como mitigar la migración de explotaciones ganaderas a otras autonomías y garantizar la mano de obra para la recolección agrícola”.
Finalmente, Calvo ha destacado que “nuestro sector agroalimentario debe recibir la consideración de estratégico de una vez por todas. A pesar de las dificultades que arrastra sector primario desde hace décadas, ha evitado que una crisis sanitaria sin precedentes se convirtiera también en una crisis alimentaria. Por nuestra parte, los representantes públicos debemos interpretar las cicatrices de las heridas sufridas en esta crisis”, ha concluido.
La Unió propone una batería de medidas para la recuperación del sector agrario
Por su parte, el secretario general de La Unió de Llauradors, Carles Peris, ha presentado ante los parlamentarios nueve propuestas concretas de futuro para contribuir a la recuperación económica y social.
Ha pedido que la nueva PAC vaya prioritariamente a agricultores y ganaderos profesionales y pymes agrarias, sin importar el sector donde estén enmarcados y el histórico de ayudas; una lista de prácticas comerciales desleales prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena agroalimentaria; crear un clúster agroalimentario de conocimiento valenciano; y aumentar la investigación pública para desarrollar variedades públicas protegidas adaptadas a las nuevas demandas de mercado y a las condiciones agronómicas. También ha propuesto desarrollar un instrumento público de estabilización de ingresos dirigido al menos a los profesionales de la agricultura y la ganadería; así como la creación de una red de emprendimiento y viveros de empresas agrarias para incrementar el éxito de las incorporaciones de jóvenes.
En cuanto a las relaciones comerciales con países terceros y la importación de productos agrarios en la UE, ha planteado una revisión de la normativa relativa a la preferencia comunitaria y la reciprocidad a las producciones procedentes de terceros en cuanto a exigencias laborales, fitosanitarias o de condicionalidad. La Unió ha planteado como novedad que ante cualquier tratado o acuerdo con países terceros que afecten a los intereses agrícolas valencianos los servicios jurídicos de la Generalitat emitan un informe completo de las consecuencias que tendrá en la viabilidad de los cultivos.
AVA-ASAJA pide incluir al sector agrario en el Plan de Reconstrucción mediante una hoja de ruta a largo plazo
Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, se dirigió a los grupos valencianos con el objeto de reclamarles una serie de reivindicaciones de competencia autonómica “que no cuestan dinero, únicamente voluntad política para su aplicación inmediata”: un observatorio de precios que suministre una información valiosa al sector; el cálculo de los costes medios de producción, en contra de las tesis del Gobierno; el control de las superpoblaciones de fauna salvaje, cuyas pérdidas anuales AVA-ASAJA eleva a 30 millones de euros por las restricciones a la caza y la menor presencia humana en el territorio debido al estado de alarma; medidas contra los robos en el campo; la simplificación de la burocracia; inspecciones en los puntos de venta, etc.
Entre las medidas que sí exigen presupuesto, Aguado otorgó “máxima prioridad al impulso de la Ley de Estructuras Agrarias para ganar tamaño, reducir costes, introducir innovación y mejorar la comercialización y competitividad”. Otras demandas son la modernización de regadíos y la garantía de agua para todos los cultivos; mejorar la sanidad vegetal –“la Xylella fastidiosa debería estar ya erradicada”, recriminó Aguado–; un mayor apoyo a los seguros agrarios; y, en este sentido, una mejor cobertura de los daños causados por fauna salvaje e, incluso, un fondo de compensación por los mismos.
En conclusión, Aguado exigió ante el hemiciclo autonómico que “el papel estratégico con el que las administraciones han considerado a la agricultura durante la crisis del COVID-19 no se quede en un lema engañoso, sino que se vea refrendado desde ya con suficientes medidas de apoyo”.
