El nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo aprueba el aumento paulatino de los caudales ecológicos ante el estupor de los regantes y responsables políticos de Alicante, Murcia y Almería
La decisión respecto al Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo ha provocado una cascada de reacciones muy distintas entre las comunidades afectadas. / LA UNIÓ
J. Luz – R. Fuertes. Redacción.
El 29 de noviembre el Consejo Nacional del Agua presentó los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027, incluyendo el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo por el que se fija un caudal mínimo de 7 metros cúbicos por segundo desde Aranjuez a partir del 1 de enero de 2023, de 8 para 2026 y de 8,65 para el tercer tramo de 2027 y que puede suponer una importante merma en el agua que se trasvasa a las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Incluso el corte total en algunos casos.
Había dos documentos que podían ser sometidos a aprobación: el pactado el pasado mes de mayo, que establecía caudales mínimos escalonados, o la última modificación comunicada en noviembre —acuerdo alcanzado entre el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y el Miteco—, por el que los incrementos paulatinos de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez que se propusieron inicialmente estarían sometidos a revisión de manera que, de cumplirse los objetivos ambientales fijados para las masas de agua, no sería necesario aumentar el caudal ecológico. Finalmente, el Consejo Nacional del Agua presentaba el documento del mes de mayo pese a las dudas y presiones de las comunidades afectadas.
La decisión generó una cascada de reacciones que continúan dos semanas después. Mientras en Murcia lo veían como un “engaño” por parte del Gobierno, en Castilla-La Mancha definían esta decisión como “histórica” y lo celebraban como un “éxito sin precedentes”. En la Comunitat Valenciana, según fuentes de la Generalitat, “los representantes del Consell en el Consejo Nacional del Agua se abstuvieron en la propuesta relativa al Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo al no estar de acuerdo con el horizonte previsto para los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez ni con los posibles escalones que podrían llegar a fijar ese caudal en 8,6 metros por segundo”.
Las reacciones de los regantes y las organizaciones agrarias de las tres provincias afectadas han expresado en estos días su insatisfacción ante la situación y desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) aseveraban que “el sector agrícola dependiente del trasvase Tajo-Segura aporta 3.103 millones del euros al PIB nacional”, dando así la dimensión económica que el recorte (incluso suspensión, llegado el caso) podría suponer una debacle económica que afectaría a todo el país. También indicaban que el “futuro del Levante está en juego” y que prevén nuevas movilizaciones de protesta.
El nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo fija un caudal mínimo de 7 metros cúbicos por segundo desde Aranjuez a partir del 1 de enero de 2023, de 8 para 2026 y de 8,65 para el tercer tramo de 2027
El Consejo Nacional del Agua finalmente presentó el documento del mes de mayo pese a las dudas y presiones de las comunidades afectadas
Comunitat Valenciana
Hace apenas unas semanas fue el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien negoció con el Miteco para que los caudales ecológicos establecidos dejaran de ser fijos y pudieran ser sometidos a revisión. Si bien estaba previsto que estas medidas se aprobaran en la reunión del pasado martes 29, el Consejo Nacional del Agua finalmente presentó a votación sus planteamientos iniciales ante los cuales la Generalitat ya expresó su oposición. Ante esta situación, el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, comentaba este fin de semana que “lo que no se puede entender es que, después de tener un acuerdo, se rompa el acuerdo. La Generalitat no está dispuesta a pasar por esto. Bajo ningún concepto se entiende que, tras un acuerdo, este se quiera romper unilateralmente”. Así, el president anunciaba que la Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha elaborado, a petición del Consell, un informe que “sirve como base jurídica para instar al Gobierno a que respete el proyecto de real decreto en los mismos términos en los fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre, y que garantizan la continuidad del trasvase Tajo-Segura”.
A pesar de la sensación negativa de todos los afectados y de los propios negociadores, Puig no quiso abandonar el tono dialogante que le ha caracterizado durante la negociación y recordó que “la Generalitat siempre ha actuado de buena fe. Sabemos que desde la confrontación no llega agua a Alicante. Hemos querido fomentar el diálogo para, además del trasvase, tener todos los recursos disponibles para garantizar agua para siempre”.
Murcia
La reacción en Murcia fue inmediata: “Ayer se destapó la mentira del Ministerio. No era un recorte menor, como se estaba vendiendo, sino que es un hachazo del 50% al trasvase Tajo-Segura”, denunciaba el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Además, acusaba directamente al Gobierno español de haber “engañado” y “jugado” con los ciudadanos y agricultores de su comunidad y ha avanzado que emprenderán acciones legales si finalmente se ratifica la decisión ante el Ejecutivo central.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, mostraba su “rechazo absoluto” al informe del Plan Hidrológico del Tajo al considerarlo “injustificado y arbitrario” y generador de un grave daño económico y social para toda la Región de Murcia y el Levante español.
Castilla-La Mancha
El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tenía una perspectiva muy diferente y calificaba este momento como “un día dichoso e histórico para Castilla-La Mancha” y no ha dudaba en manifestar que es ahora cuando “se empieza a salvar el Tajo de verdad”. Un punto de vista que evidencia la brecha entre los diferentes territorios.
Las declaraciones del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, seguían esta línea y afirmaba que con esta decisión se vuelve a “reequilibrar la balanza” y “por primera vez” se da prioridad al Tajo frente al trasvase.
Gobierno de España
Las diferentes opiniones de los dirigentes de las comunidades autónomas ponían al ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el centro de todas las miradas. Mientras la vicepresidenta tercera y ministra de la cartera, Teresa Ribera, expresaba que los nuevos planes hidrológicos “marcarán un antes y un después en la gobernanza del agua en nuestro país y que nos permitirá una España mucho mejor preparada para los desafíos que están por venir”, era el secretario de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica, Hugo Morán, quien aclaraba las posibles confusiones respecto al trasvase Tajo-Segura.
“No vamos a dar marcha atrás en nada”, sentenciaba el secretario en el Senado al ser preguntado por el acuerdo al que se había llegado con la Comunitat Valenciana para que los caudales fueran revisables. “Hay cinco sentencias y vamos a ser escrupulosos con ellas” porque en el plan hidrológico del Tajo “aparece una dotación de caudales ecológicos para cumplir con los fallos judiciales”, añadía. A su juicio, una aplicación progresiva es la más adecuada para poder “desplegar las infraestructuras que den pie a suplir con el agua desalada las disminuciones de caudales por el impacto del cambio climático en la cuenca excedente”. Sin embargo, estos argumentos eran rebatidos desde la Abogacía de la Generalitat a través del informe citado anteriormente: “el Consell entiende que no existe, tal como avala el informe de la Abogacía, ninguna justificación jurídica ni técnica para modificar en el último momento un texto que fue aprobado por amplia mayoría en el Consejo Nacional del Agua”.
La situación sigue sin quedar cerrada a pocos días de que finalice 2022 y con las zonas afectadas por el trasvase reivindicando el “derecho a un bien tan esencial como el agua”.
