El informe del órgano consultivo sobre los planes hidrológicos provoca discrepancias entre las comunidades autónomas afectadas
El Consejo de Estado avala la propuesta del Ministerio pero denuncia la falta de “coordinación” entre los planes del Tajo y del Segura. / ARCHIVO
Efeagro.
El dictamen del Consejo de Estado para la tramitación del Proyecto de Real Decreto del Gobierno para revisar los planes hidrológicos, que entre otras medidas crearía el polémico caudal ecológico en el río Tajo y, con ello, el recorte al trasvase Tajo-Segura, ha suscitado reacciones contradictorias y el anuncio de nuevas movilizaciones la próxima semana en Madrid.
Comunitat Valenciana
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha calificado el dictamen como “un buen inicio de recorrido” y ha recordado al Gobierno central que “no puede ser equidistante” de las necesidades de una región y otra, porque todas tienen “demandas objetivas” y se necesita que “se venza cualquier tribalismo, fundamentalismo o apropiación indebida”.
“Defender los intereses de los regantes, de Alicante y de Murcia es también defender los intereses de España”, ha advertido Puig, que quiere abordar el problema “desde la racionalidad y no desde el patrioterismo”.
En el mismo sentido, la portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha afirmado este viernes que su postura ha quedado “reforzada y avalada” por el dictamen, por lo que van a incrementar “la intensidad y la fuerza” para reclamar modificaciones y que haya diálogo “sí o sí”.
“Defender los intereses de los regantes, de Alicante y de Murcia es también defender los intereses de España”, ha advertido Puig
La vicepresidenta valenciana ha destacado algunos puntos del dictamen, como la parte que habla de una “falta de coordinación” entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, que el proyecto de real decreto “no solventa” y que puede provocar una “afección relevante” al trasvase, o “una cierta falta de transparencia” en la votación que se hizo en el Consejo Nacional del Agua.
Región de Murcia
Así, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado convencido de que el documento recoge las alegaciones presentadas por su ejecutivo en el sentido de que no existen criterios objetivos y científicos que avalen el recorte previsto para el trasvase, y ha advertido de que las incompatibilidades entre el plan del Tajo y el del Segura impedirán, en su opinión, aplicarlos simultáneamente.
La evaluación oficial de su ejecutivo autonómico ha insistido en la coincidencia de su posición con la del Consejo de Estado en puntos como la necesidad de atender al interés general y coordinar los planes hidrológicos de las cuencas cedente y receptora, la ausencia de criterios técnicos a la hora de fijar el caudal ecológico o la “falta de claridad y transparencia del Consejo Nacional del Agua” que ha llevado a cabo “modificaciones sustanciales de los documentos durante el proceso de información y tramitación” sin informar de ellas.
López Miras se muestra convencido de que el documento recoge las alegaciones de su ejecutivo y que no existen criterios objetivos y científicos que avalen el recorte previsto para el trasvase
El Consejo de Estado proporciona, según López Miras, una “justificación” al presidente del Gobierno Pedro Sánchez “para no recortar por motivos políticos el trasvase” y, si finalmente lo hace, será “definitivamente por una cuestión política y sectaria”.
Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha, su presidente Emiliano García-Page también se ha felicitado por que el Consejo de Estado haya aprobado de forma unánime el dictamen sobre los planes de cuenca que recoge la creación de los caudales ecológicos incluido el del Tajo y ha defendido que esa creación “no es un tema político, sino legal”.
García-Page ha recordado que su ejecutivo ha recurrido a los tribunales todos los trasvases autorizados del Tajo al Segura con “constancia, cabezonería y argumentos” y ha ido acumulando resoluciones judiciales favorables hasta llegar al Tribunal Supremo, que en cinco ocasiones ha dictado sentencias que exigen la fijación de ese caudal ecológico.
“No es una decisión caprichosa tomada por una voluntad política” sino “estrictamente legal”, porque “no queda más remedio que cumplir las sentencias”.
Andalucía
En Andalucía, la Mesa del Agua de Almería ha lamentado “profundamente” la situación y, según Fernando Rubio, uno de sus miembros, “lo que ha hecho el Consejo de Estado es aprobar la pérdida de 15.000 empleos y unas pérdidas económicas de casi 5.700 millones de euros en nuestra provincia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana”.
“Todos los informes técnicos independientes avalan el cauda actual”, ha recordado Rubio, quien alerta de que este “disparate” supondrá “un recorte del 50 % de los caudales que se venían recibiendo desde hace más de cuarenta años en Almería”, con el resultado de que el agua “va a ir al mar, sin que se beneficien ni los regantes de la cuenca del Tajo, ni los abastecimientos, ni el hábitat del río”.
Gobierno central
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno está comprometido con “garantizar el agua en todos los sentidos, en todos los usos, incluido la agricultura”.
Rodríguez, en una visita a la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, a preguntas de los periodistas ha incidido en la importancia del cambio climático porque “su afectación al agua, a la sequía, es una realidad”.
Al respecto ha subrayado que abordan esta cuestión desde el punto de vista medioambiental, “garantizando los caudales ecológicos necesarios para el mantenimiento de la flora y la fauna de los entornos de los ríos, pero también pensando en los sectores económicos afectados por el agua como la agricultura”.
Un sector, ha dicho, al que apoyan con “decretos especiales de sequía o con grandes inversiones en infraestructuras, como en el Levante, con la desaladora de agua del mar”.
Rodríguez también ha resaltado que el Gobierno además está trabajando en la cuenca del Segura con importantes inversiones ya planificadas, “algunas con Presupuestos Generales del Estado y con los fondos de recuperación, que están permitiendo a España hacer grandes inversiones hidrológicas.
Con este panorama, el Consejo de Ministros podría aprobar previsiblemente los planes de cuenca el próximo martes 24 de enero, el mismo día que los regantes alicantinos han convocado una nueva concentración de protesta ante el Palacio de Moncloa.
