El trasvase Tajo-Segura mantiene en junio y julio los máximos volúmenes a la espera de la “nueva configuración de las reglas de explotación” tras la decisión del TS
Río Segura a su paso por el Valle del Ricote, en Murcia. / Óscar Orzanco
Julia Luz. Redacción.
La agricultura del Levante español es uno de los grandes motores económicos de la zona. Se trata de un sector con una larga tradición que ha sabido modernizarse con el paso del tiempo y situarse en primera línea en innovación y tecnología, generando empleo para miles de personas y formando una parte esencial de la identidad y la evolución social y productiva de este territorio.
Pero junto a esa fortaleza productiva existe una realidad que condiciona de forma clara su desarrollo. Una parte importante de la cuenca del Segura depende de un aporte adicional de agua —en torno a 300 hectómetros cúbicos anuales de media— que se suman a las aportaciones naturales del río.
En este escenario, las transferencias desde el Tajo tienen un papel esencial. No sólo sostienen buena parte de los regadíos y del abastecimiento hídrico, sino que también influyen en el estado de los ecosistemas. Estas aportaciones ayudan a mantener las masas de agua y contribuyen a la conservación de hábitats de flora y fauna a lo largo de cerca de 100 kilómetros de los ríos Segura y Mundo, tramos por los que circula el agua procedente del trasvase.
Por ello, es indiscutible que la actividad agraria del Levante está estrechamente vinculada a esa aportación adicional que llega desde la cuenca del Tajo.
Necesidad y conflicto
Desde que las primeras aguas del Trasvase Tajo-Segura llegaron en 1979, su trayectoria no ha estado exenta de debate. Lo que para el Levante español se ha consolidado como un recurso imprescindible para sostener su modelo agrícola es también uno de los puntos más controvertidos de la política hidráulica en España.
Las regiones receptoras insisten en su carácter esencial. Sin embargo, la discusión se ha intensificado con el paso del tiempo, especialmente desde territorios de la cuenca cedente, como Castilla-La Mancha, donde se cuestiona el impacto que esta derivación de recursos tiene sobre el río Tajo y su entorno.
Además, el debate no se limita a una confrontación territorial, sino que ha incorporado progresivamente un enfoque ambiental y normativo más amplio. Uno de los elementos centrales ha sido la introducción de los caudales ecológicos, incorporados en la planificación hidrológica en el marco de la normativa estatal y de la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
Estos caudales establecen un umbral mínimo de agua que debe circular por los ríos para garantizar su buen estado ambiental, la conservación de los ecosistemas asociados y la protección de la biodiversidad. Su incorporación ha supuesto un cambio en la gestión del sistema, al introducir límites más estrictos en la disponibilidad de recursos trasvasables en determinados escenarios hidrológicos.
Recorrido judicial
El conflicto político y territorial en torno al Trasvase Tajo-Segura también ha tenido recorrido en los tribunales. En los últimos años, distintas decisiones judiciales han ido marcando el pulso del debate sobre el trasvase.
La última novedad se ha producido tras la decisión del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del plan hidrológico de la demarcación del Tajo. En concreto, el recurso se dirigía contra la fijación de los caudales ecológicos mínimos establecidos en la planificación.
Los regantes defendían que la implantación de estos caudales respondía a una voluntad de reducir progresivamente la disponibilidad de agua destinada al trasvase, lo que, según su planteamiento, supondría un impacto directo sobre los derechos de uso en la cuenca del Segura y sobre su actividad económica y social.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha concluido que el real decreto recurrido se ajusta a la legalidad vigente y que la fijación de caudales ecológicos se ha realizado dentro del marco normativo correspondiente. Además, rechaza que haya existido una falta de coordinación en su definición, señalando que su implantación progresiva responde precisamente a ese principio de coordinación entre administraciones.
Lucas Jiménez: “El Tribunal Supremo no ha aceptado el debate de fondo ni las pruebas periciales, se ha limitado a señalar que la potestad para establecer los caudales ecológicos corresponde al Estado”
En relación con esta decisión, el presidente de SCRATS, Lucas Jiménez, considera que el Alto Tribunal no ha entrado en el fondo del asunto. “El Tribunal Supremo no ha aceptado el debate de fondo ni las pruebas periciales que para nosotros eran determinantes, incluso en relación con posibles errores en el cálculo de los caudales ecológicos”, apunta.
Jiménez añade que, en su opinión, la resolución judicial sigue la línea habitual del Tribunal Supremo en este tipo de cuestiones. “Era algo que esperábamos, porque la trayectoria del TS es esta precisamente, no entrar a debatir el fondo del asunto, sino limitarse a señalar que la potestad para establecer los caudales ecológicos corresponde al Estado”, señala. Además, “una de las cuestiones centrales del recurso era la falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura”, un argumento que, según su interpretación, no ha sido acogido por el Alto Tribunal.
No obstante, pese al contexto judicial y a la inminente revisión de las reglas de explotación, el sistema continúa operando bajo la normativa vigente. En este marco, se ha autorizado un nuevo envío de 120 hectómetros cúbicos para los meses de junio y julio, distribuidos en dos aportaciones de 60 hectómetros cúbicos cada una.
La decisión se ha adoptado al constatar que los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenaban 1.479 hectómetros cúbicos, un volumen que sitúa al sistema en nivel 1 según las reglas de explotación actualmente en vigor. Esta clasificación permite activar el trasvase en su volumen máximo autorizado desde la cabecera del Tajo.
El MITECO ya ha confirmado que el proceso para modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura —con todos los agentes implicados— se pondrá en marcha en las próximas semanas
Revisión de las reglas de explotación
Por su parte, el MITECO ya ha confirmado que el proceso para modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura —con todos los agentes implicados— se pondrá en marcha en las próximas semanas. El anuncio lo realizó la vicepresidenta y ministra Sara Aagesen el pasado 19 de junio, durante una visita a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales en la provincia de Toledo.
La ministra ha señalado que las últimas sentencias del Tribunal Supremo —que desde Castilla-La Mancha se reclama que se ejecuten de forma inmediata— “han dado la razón” al Ministerio. En este sentido, ha defendido la necesidad de “conservar” los caudales ecológicos del Tajo “antes de pensar en cualquier uso”, subrayando que se realiza un seguimiento continuo de estos niveles y que, ante cualquier incidencia, se activan actuaciones para garantizar su cumplimiento.
Pero este anuncio ha causado gran desconcierto en el sector. “No entendemos bien la situación, porque se habla de la elaboración de nuevos informes cuando ya existe uno previo del CEDEX con un cronograma definido para los distintos escenarios”, señala. Jiménez sostiene que el proceso debería haberse completado en 2024, tal y como estaba previsto inicialmente, y expresa dudas sobre la evolución del procedimiento administrativo. “El procedimiento no debería estar iniciándose ahora, sino finalizado en 2024, que era la fecha establecida para la aprobación de las nuevas reglas de explotación”, apunta.
El dirigente advierte además de que una eventual modificación de los criterios técnicos podría tener implicaciones normativas de mayor alcance. “Si se alteran los supuestos del informe técnico existente, estaríamos ante cambios que podrían requerir incluso modificaciones legislativas, con intervención de las Cortes Generales”, añade.
Un frente aún abierto
SCRATS ha reiterado en las últimas semanas su posición de defensa del trasvase. Su presidente ha insistido en distintas intervenciones en que no se trata de una cuestión ideológica, sino de una necesidad estructural para el regadío del sureste. En su opinión, el sistema se ha visto condicionado por decisiones de carácter político más que técnico, en un escenario en el que, según el dirigente, los volúmenes disponibles para los usuarios se han ido reduciendo de forma progresiva.
Jiménez ha añadido además que la vía judicial se mantendrá abierta hasta su agotamiento, aunque con expectativas limitadas. “Vamos a seguir aguantando toda la vía judicial, con pocas esperanzas, pero la vamos a agotar”, señala, al tiempo que considera que la resolución de los tribunales no ha entrado en el fondo de algunas de las cuestiones planteadas por los regantes.
El presidente del SCRATS también el foco en las actuaciones que se habían planteado como medidas compensatorias dentro del nuevo esquema de planificación hidrológica y cuya ejecución no se está produciendo en los términos previstos
El presidente del SCRATS también pone el foco en las actuaciones que se habían planteado como medidas compensatorias dentro del nuevo esquema de planificación hidrológica y cuya ejecución no se está produciendo en los términos previstos. Entre ellas, cita un paquete de inversiones millonarias en actuaciones de depuración y mejora ambiental en la cuenca del Tajo”, junto con otras intervenciones orientadas a la modernización de infraestructuras hidráulicas. A ello se sumaría una partida adicional vinculada a la ampliación de la capacidad de desalación, la mejora de las conducciones y la optimización del sistema de distribución en el sureste peninsular.
Jiménez ha subrayado además la incertidumbre que generan los cambios normativos en marcha y el impacto que estos pueden tener sobre la planificación de las explotaciones agrícolas, en un momento en el que el sector afronta ya tensiones derivadas de costes de producción, disponibilidad de recursos y adaptación climática.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre las distintas cuencas implicadas. El trasvase Tajo-Segura se mantiene como uno de los ejes centrales de la política hídrica en España, con un equilibrio aún sujeto a revisión entre los objetivos de conservación del Tajo y la demanda hídrica del regadío en el sureste.
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