"Cuando Europa juega contra sus propios agricultores", por Carlos Carrascosa

Carlos Carrascosa habla sobre las políticas comerciales actuales

/ VIVEROS SEVILLA

Carlos Carrascosa (*)

La Unión Europea suele presentarse como referente mundial en sostenibilidad, seguridad alimentaria y protección fitosanitaria. Y, en efecto, pocas regiones del mundo imponen a sus agricultores un nivel de exigencia comparable. La paradoja es que esa exigencia se detiene en la frontera: al productor comunitario se le imponen estándares que no siempre se verifican con el mismo rigor en la mercancía que llega de fuera.

El resultado es una situación difícil de explicar al productor europeo: se le exigen cada año más restricciones, más regulación, más controles y menos herramientas productivas, mientras compite con mercancías procedentes de terceros países que no siempre están sujetas a las mismas condiciones.

Esa es, en realidad, la agenda que los políticos europeos han impuesto al sector citrícola europeo, mientras permiten que terceros países compitan con normas mucho más laxas. Semejante desequilibrio regulatorio es un freno directo a la competitividad: no puede exigirse el mismo rigor a unos jugadores y tolerarse impunemente las mismas faltas a otros.

En el fondo, la sostenibilidad y la salubridad de los alimentos que consumimos se han convertido en una coartada. Tras ese exceso de permisividad se esconde un mensaje mucho más claro: priorizar un producto barato a costa de la salud del ciudadano y de la ruina de los agricultores europeos.

El sector citrícola ofrece un ejemplo especialmente revelador. El acuerdo de asociación económica con Sudáfrica está en vigor desde octubre de 2016 y contempla una liberalización progresiva del comercio. En abril de 2019, en plena crisis de precios, la propia Comisión Europea reconoció públicamente que estudiaba activar la cláusula de salvaguardia. La preocupación parecía seria. Sin embargo, los hechos posteriores sugieren que no tanto. Siete años después de aquellas advertencias, la cláusula sigue siendo poco más que una figura decorativa y los volúmenes continúan creciendo. Al parecer, en Bruselas las salvaguardias funcionan mejor como concepto que como instrumento.

Egipto constituye otro caso difícil de ignorar. El acuerdo comercial contempla un contingente libre de aranceles de 34.000 toneladas de naranja a través de España, pero en 2024 las importaciones alcanzaron las 54.000 toneladas. Y el problema no es solo el volumen: en febrero de 2026 se interceptaron en Italia naranjas egipcias con residuos de clorprofam, prohibido en la UE desde 2019, hasta 21 veces por encima del límite permitido. Europa prohíbe a sus agricultores lo que luego tolera en los productos que importa.

Las consecuencias empiezan a reflejarse en el nuestro territorio. Los cítricos fueron el cultivo en la Generalitat Valenciana que más superficie perdió en 2025, con 2.762 hectáreas abandonadas. Sería simplista atribuirlo únicamente al comercio internacional. La sequía, las DANAs, el aumento de costes o la falta de relevo generacional también pesan, pero ignorar el efecto de una competencia cada vez menos recíproca sería igualmente ingenuo. Lo que nació como una política destinada a complementar la oferta europea está terminando, en demasiados casos, por sustituirla.

Y el problema dista mucho de limitarse a los cítricos. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, aplicado provisionalmente desde mayo de 2026, abre nuevos desafíos para sectores como el vacuno, las aves, el azúcar, el arroz o la miel.

La propia Comisión Europea parece ser consciente de la contradicción: por un lado, promete avanzar hacia mayores exigencias en materia de residuos de plaguicidas para las importaciones y refuerza los mecanismos de salvaguardia; y por otro, continúa ampliando acuerdos comerciales que generan precisamente las distorsiones que luego intenta corregir.

El patrón resulta inquietantemente familiar. Primero se firman los acuerdos. Después aparecen las tensiones. Más tarde llegan las crisis de rentabilidad. Finalmente se anuncian estudios, observatorios, grupos de trabajo y posibles medidas correctoras. Siempre después. Siempre tarde. Y casi siempre cuando parte del daño ya es irreversible.

Francia decidió no esperar. En enero vetó la comercialización de productos tratados con cinco sustancias prohibidas dentro de la Unión, entre ellas mancozeb y carbendazima. La pregunta es inevitable: si otros Estados miembros consideran imprescindible proteger la reciprocidad normativa, ¿por qué España sigue confiando en que Bruselas resuelva algún día un problema que lleva más de una década reconociendo?

A mi entender, el agricultor percibe que los responsables del Ministerio han renunciado a defender con firmeza los intereses de nuestros agricultores. En lugar de exigir reciprocidad, denunciar los incumplimientos y actuar con la contundencia que exige la situación, parecen conformarse con esperar instrucciones, publicar declaraciones y delegar en Bruselas una responsabilidad que también es española. Esa postura no sólo no beneficia a nuestros intereses, sino que está causando un grave perjuicio a un sector que necesita respuestas urgentes, decisiones valientes y una defensa firme de su futuro.

“Europa no necesita cerrar mercados ni levantar nuevos muros comerciales; necesita aplicar a las importaciones las mismas exigencias que impone a sus propios productores”

Europa no necesita cerrar mercados ni levantar nuevos muros comerciales; necesita aplicar a las importaciones las mismas exigencias que impone a sus propios productores.

“Cuando una potencia económica obliga a sus agricultores a competir en condiciones más desfavorables que las de sus competidores, eso no es libre comercio, sino puro autoboicot”

Porque cuando una potencia económica obliga a sus agricultores a competir en condiciones más desfavorables que las de sus competidores, eso no es libre comercio, sino puro autoboicot. Y después nos preguntamos por qué desaparecen explotaciones, se abandonan tierras y cada vez menos jóvenes consideran la agricultura una actividad con futuro.